Los colectivos de persones en situación o grave riesgo de exclusión social enumerados en el artículo 2 de la ley 27/2002 de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral se refieren a:

• Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
• Personas destinatarias de la renta mínima de inserción.
• Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción porque que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción.
• Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta procedentes de instituciones de protección de menores.
• Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un trabajo, personas en libertad condicional y personas ex reclusas.
• Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de exclusión.
• Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.